Sin libertad de prensa no hay democracia
Periodistas piden al Gobierno garantizar libertad de prensa y principio del “suma q’amaña” para los indígenas del TIPNIS
El Gobierno debe cumplir con la Consulta Previa Obligatoria Constitucional y escuchar a los
indígenas que marchan en defensa del TIPNIS para frenar la conflictividad creciente que ha
derivado en agresiones contra periodistas y la libertad de expresión.
Utilizar eufemismos para disimular bloqueos que atentan contra el derecho a la protesta de los indígenas, publicitar el seguimiento a las conversaciones telefónicas de sus dirigentes, hostigar a los marchistas con acusaciones sin pruebas y amenazar a periodistas con procesos y torturas atroces no resuelven el conflicto, lo agravan y revelan una actitud autoritaria y de desacato a las normas básicas de convivencia democrática y preservación del Estado de Derecho.
La Asociación de Periodistas de La Paz, le recuerda al Gobierno que el derecho a la libertad de expresión y los derechos de los pueblos indígenas han sido constitucionalizados por voluntad popular y es deber del Gobierno acatar y cumplir ese mandato del soberano inscrito en la Ley de leyes.
La Constitución Política del Estado es muy clara en su artículo 30 de derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos que en su inciso 15 establece que los indígenas tienen derecho a “ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”.
Ese artículo constitucional también establece que “En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.
Además, el inciso 16 del mismo artículo establece el derecho “a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios”.
Para mantener coherencia con su discurso de defensa de la Pachamama, o Madre Tierra, el Gobierno debería recordar que el artículo 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas establece que “tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos”.
El inciso 2 del mismo artículo determina que “los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo”.
Al ser un Gobierno conducido por el primer presidente indígena de la historia, la Administración del Presidente Morales tiene el deber moral y legal de cumplir con el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes en la Organización Internacional del Trabajo, elevado a rango de Ley Nº 1257 el 11 de julio de 1991, que establece en su artículo 6 como deber: “a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Por tanto, exigimos de las autoridades y del Jefe de Estado, en particular, dejar a un lado la soberbia y acudir al diálogo conciliador para dar pronta solución a la justa demanda de nuestros hermanos que reclaman una vida digna amparada por el principio del “suma q’amaña”.
Sin Libertad de Expresión No Hay Democracia
Category: derechos humanos, ultimo
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